Poder Ejecutivo: Propuesta de reforma de ley cuestionada por congresistas
- Remi Noticias
- 25 oct 2024
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 5 nov 2024
La propuesta de reforma de ley presentada por la presidenta de la República Dina Boluarte es cuestionada por congresistas.
Fuente: TVPerú Noticias
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Redactado por: Luhanna Zarate

Fuente: Alessandro Currarino
El jueves 24 de octubre, el Poder Ejecutivo propuso un proyecto de ley para modificar la reforma de justicia, con el propósito de implementar medidas dirigidas a optimizar el funcionamiento de dicha instancia.
Ante dicha norma de replanteamiento de la ley Nº 30942 (creada por el consejo en 2019 durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra), congresista del partido político Renovación Popular, Alejandro Muñante y Jaime Quito de la bancada socialista, expresan preocupaciones no solo sobre la estructura del Consejo, sino sobre la efectividad de esta iniciativa.

Fuente: infobae/Andina
Esto debido a que, según los puntos presentados en el proyecto de Ley, la presidencia del Consejo recaería de forma indelegable en el presidente de la República, lo que limita la posibilidad de que un representante asuma esta función en caso de cuestionamientos éticos o legales sobre el titular del Ejecutivo.

Fuente: Pasión por el Derecho
Este cambio supone una centralización del liderazgo en la figura presidencial, representando una transformación significativa en comparación con la ley actual, que permite que la presidencia del Consejo sea rotativa entre distintos altos funcionarios que lo integran.
Según la ley, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia está conformado, de manera indelegable, por los siguientes miembros:
El presidente de la República
El presidente del Congreso
El presidente del Poder Judicial
El Fiscal de la Nación
El presidente del Tribunal Constitucional
El presidente de la Junta Nacional de Justicia
El Contralor de la República
El Defensor del Pueblo
A pesar de esto, algunos críticos sostienen que, al incluir a miembros del Congreso en el Consejo, se corre el riesgo de que las decisiones se vean influenciadas por intereses políticos en lugar de criterios técnicos, lo que podría afectar su imparcialidad y su capacidad para tomar decisiones de manera autónoma y efectiva.
Finalmente, el proyecto será evaluado en las comisiones del Congreso antes de ser debatido en el pleno, donde se tomará la decisión de aprobarlo o realizar cambios para abordar las preocupaciones planteadas.
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