Irán ejecuta a 11 presos en un solo día en medio de una escalada de la pena de muerte

A pesar de la creciente presión internacional para restringir o eliminar esta práctica, el régimen teocrático sigue utilizándola tanto para castigar delitos comunes como por motivos políticos. Entre los ejecutados se encuentran una mujer y un ciudadano afgano.

Foto: Europa Press/IDIL TOFFOLO/ZUMA PRESS/CONTACTOPHOTO

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Redactado por: Stefany Cabrera

El régimen de Irán ejecutó al menos a once personas este domingo en varias ciudades, entre ellas Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht. Entre los ejecutados se encontraba una mujer, lo que resalta el uso extendido de la pena de muerte en el país, generando serias preocupaciones en organizaciones de derechos humanos. Las condenas estaban relacionadas con delitos de narcotráfico y homicidios, y forman parte de una campaña más agresiva por parte de las autoridades iraníes para frenar el crimen y reforzar su control interno.

El gobierno iraní confirmó tres ejecuciones en las prisiones de Yasuj y Tabriz, incluida la de Saman Karimi, un joven de 25 años de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, condenado por homicidio premeditado hace dos años. Karimi fue ejecutado en la prisión central de Yasuj, un caso que ha atraído especial atención debido a las presuntas irregularidades en su juicio, según activistas y Human Rights Monitor (HRM). En la prisión central de Tabriz, otras dos personas fueron ejecutadas esa misma mañana: Mahrokh Khani, de 35 años, y Kazem Babaei, de unos 45 años, ambos condenados por delitos relacionados con drogas. Khani, una trabajadora de un taller de costura antes de su detención, había estado encarcelada durante cuatro años por tráfico de drogas, mientras que Babaei había estado en prisión durante más de dos años y medio antes de ser ejecutado.

En la prisión de Zahedan, las autoridades ejecutaron a Mohammad Nabi Papalzehi, un ciudadano afgano de 28 años originario de Zabol, acusado de delitos relacionados con drogas. Esta ejecución de un extranjero ha generado alarma en la comunidad internacional, ya que, según Human Rights Monitor (HRM), Papalzehi habría sido condenado en un juicio que careció de las debidas garantías legales. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones el uso excesivo de la pena de muerte en Irán, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico. A pesar de la creciente presión internacional para poner fin a esta práctica, Irán sigue aplicándola de forma regular, convirtiéndose en uno de los países con el mayor número de ejecuciones en el mundo. En la práctica, la pena capital se ha convertido en una herramienta represiva, especialmente dirigida contra minorías y personas en situación de vulnerabilidad, lo que evidencia la falta de justicia y garantías legales en el sistema judicial iraní.

La condena de una activista política kurda

Recientemente, la activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres, Varishe Moradi, fue condenada a muerte por cargos de “rebelión armada contra el Estado”. Según informó este domingo la cuenta de X de Narges Mohammadi, la premiada con el Nobel de la Paz de Irán, quien está encarcelada, la condena fue emitida por las autoridades.

El mensaje señaló que Varishe Moradi había realizado recientemente una huelga de hambre de 20 días en protesta contra las sentencias de muerte emitidas contra activistas. Según algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos kurdo-iraníes, la audiencia final en la que se trataron los cargos contra Moradi, quien se encuentra encarcelada en la prisión de Evin en Teherán, se celebró el 6 de octubre, y la sentencia fue notificada a sus abogados este domingo por la sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán.

Sin embargo, no se ha aclarado la razón exacta por la que Moradi fue acusada de “rebelión armada contra el Estado”.

La activista kurda fue arrestada el 1 de agosto de 2023 mientras viajaba entre las ciudades de Marivan y Sanandaj, y desde entonces ha estado detenida en la prisión de Evin. Su trabajo incluye proyectos comunitarios centrados en la transformación social, los cuales suelen entrar en conflicto con las políticas del régimen iraní sobre los derechos de las mujeres y la autonomía kurda.